“Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán incluir en el contenido del contrato con sus usuarios y abonados una cláusula de aceptación del bloqueo de las líneas telefónicas, cuando se reciba dicho pedido de bloqueo por parte de la Policía Nacional y se cumplan con todos los requisitos establecidos en el protocolo de bloqueo de líneas telefónicas estipulado entre los operadores y la Policía Nacional”, dice el artículo 1° de la resolución N° 583/20 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Juan Carlos Duarte Duré. El documento tiene fecha 19 de marzo, pero se dio a conocer esta semana.

Al respecto, nuestro diario consultó ayer con las empresas de telefonía y estas pusieron énfasis en la gravedad de la disposición, que iría contra el artículo 36 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la comunicación.

Además, la Policía Nacional no tiene dentro de su ley orgánica la potestad de suspender servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo explicado. En tanto que la Conatel mucho menos posee la atribución de darle a la Policía dicha potestad, que está en la competencia de un juez de garantías.

De acuerdo con las explicaciones de las firmas de telefonía, el riesgo es que la Policía pueda equivocarse en un pedido de suspensión de servicios o peor aún, que se utilice esta resolución para persecución política por parte del poder de turno. Si ese fuera el caso, ¿quién reparará los daños por una suspensión que no estaba justificada?, se preguntan en el sector de las telecomunicaciones. Posiblemente, el responsable va a ser el operador y el perjuicio individual para el usuario sería gigantezco, alertaron.

Nuestro diario contactó con el presidente de la institución, Juan Carlos Duarte, para tener la explicación oficial de Conatel y este prometió que sus técnicos de asesoría jurídica se pondrán en contacto con ABC, en la brevedad, aunque aún no lo han hecho hasta el cierre de esta hoja.

¿Cómo surgió esta resolución?

Según se lee en el considerando del documento, fue la Asociación de Bancos del Paraguay la que solicitó un protocolo de actuación “para casos de suplantación de identidad que están ocasionando perjuicios a clientes y entidades bancarias por llamadas telefónicas realizadas desde números móviles (celulares)”.

La Asesoría Jurídica de Conatel recomendó que se instale una “mesa de trabajo interdisciplinaria” para definir mejor la regulación al respecto, pero según las empresas de telefonía ni siquiera se les consultó sobre el tema.