Lezcano es oriundo del territorio chaqueño e ingresó al Ministerio Público en el año 2000 como asistente fiscal, con un salario de G. 2.500.000. Esa misma cifra en efectivo era su único activo en el año 2003, según su declaración jurada publicada por la Contraloría General de la República (CGR).
El funcionario, en ese entonces, no declaró vehículos ni inmuebles y su pasivo era G. 550.000 correspondiente al pago de alquiler de un departamento. Con ese gasto, su patrimonio neto no superaba los G. 1.950.000.
En 2013, Lezcano consiguió ser nombrado fiscal de la ciudad fronteriza de Salto del Guairá, capital del departamento de Canindeyú. Este cargo permitió mejorar su estilo de vida y en consecuencia aumentar su capital, según la actualización de su declaración jurada del año 2015.
Ese año, los activos del fiscal antidrogas y antiabigeato treparon a G. 324.637.500, mientras que su pasivo era de G. 5.300.000, por deudas de tarjetas de crédito. Su patrimonio alcanzaba G. 319.337.500, de acuerdo a la documentación.
En enero de 2017, el fiscal obtuvo un cuestionado permiso del Ministerio Público para ser viceministro de Seguridad Interna durante el gobierno de Horacio Cartes. Este cargo ocupó hasta el 2 de abril de ese año cuando fue nombrado ministro del Interior en un intento por apaciguar la crisis política originada el 31 de marzo tras la aprobación de una enmienda de la Constitución Nacional por un Senado paralelo.
El hecho derivó en la toma y quema parcial del edificio del Congreso y el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana Arrúa, de 26 años, en manos de la Policía Nacional.
Lezcano, al asumir como ministro, manifestó aumento de sus activos con relación a los del año 2015. Declaró activos por G. 662.637.500, integrado por G. 300 millones en cuentas bancarias y dos automóviles de la marca Toyota, uno de ellos 0 kilómetros valuado en G. 150.000.000.
Ofrecimiento
El suboficial Gustavo Florentín (24), uno de los imputados, había relatado que Lezcano cuando era viceministro supuestamente le ofreció dinero y casa a cambio de que se atribuyera toda la responsabilidad del mortal ataque a la sede del PLRA.