Un video difundido por nuestro diario el 18 de abril del 2013 mostraba al senador Ovelar negociando un “trato apu’a” (sic) (acuerdo redondo), con dos personas, uno de ellos de nombre Néstor y otro quien sería Gregorio Garay, referentes liberales del asentamiento San Luis, de Cnel. Oviedo.
El parlamentario proponía premiar a uno de ellos con G. 100.000 por cada afiliado liberal que consiga que no vaya a votar, además de entregar la misma cantidad de dinero al elector que se queda en su casa.
Previamente, ya el sábado le debían entintar el dedo y requisar la cédula de identidad. Uno de los negociadores destacaba que la oferta de la compra de votos estaría alcanzando los G. 300.000 por cada elector, a lo que Ovelar respondió que eso no era cierto; y dijo a su interlocutor que se embolsillaría G. 3 millones si lograra que 30 liberales no votaran.
Ovelar trató de salir del embrollo diciendo que quería tender una trampa a los liberales.
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La compra y venta de cédula está tipificada como delito electoral con una expectativa de pena de hasta cinco años de cárcel. El delito electoral no es excarcelable.