El plan apunta también a buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo y que involucren a actores de los poderes Judicial y Ejecutivo. Conversaron sobre la necesidad de limitar el uso extensivo de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que en la cárcel de Tacumbú actualmente existe una población con alrededor de 4.000 personas, pero la capacidad real es de 1.200.

Integrantes de ambas instituciones coincidieron en la necesidad de tomar acciones urgentes, atendiendo la gravedad de la situación, por lo que el plan estratégico debe incluir medidas eficaces y efectivas, en el entendimiento de que las personas privadas de libertad no pueden ser privadas de otros derechos, como el de alimentación adecuada, educación, salud, vida digna, etc.

El plan estratégico incluirá los siguientes puntos: acordadas sobre límite del uso abusivo de la prisión preventiva; medidas concretas para vigilar casos de personas bajo régimen de prisión preventiva; tratamiento especial a personas consumidoras de sustancias, que incluya alternativas a la prisión en cárceles; fortalecimiento de la oficina técnica y apoyo a la implementación del sistema penal; y problemática específica de las diferentes poblaciones en situación de privación de libertad: adolescentes y personas adultas, mujeres y varones. El objetivo es lograr la reinserción a la comunidad de quienes cometieron delito, puntualizaron.