Al respecto, el asesor legal de la cámara, Abog. Miguel Aranda, dijo que es una postura “altamente valorada” por el sector privado, que entiende que es “totalmente correcta”, dado que el Tratado del Mercosur y los demás acuerdos derivados establecen claramente que ningún país puede asumir responsabilidad alguna en el bloque sin el consenso de todos los demás miembros. Añadió que en este caso no existe ese consenso y Paraguay ha hecho prevalecer lo jurídico por sobre lo meramente político. “Además, son plausibles las denuncias hechas por el Gobierno paraguayo sobre la falta de vigencia de las instituciones democráticas en Venezuela. Por ejemplo, la existencia de presos políticos y el manejo arbitrario de los demás órganos del Estado, por lo que no corresponde que un país en esas condiciones asuma la presidencia del Mercosur”, enfatizó Aranda.

Señaló que la CAP no cree que la crisis afecte las relaciones comerciales en el bloque, pero que sí crea una situación que refleja una profunda crisis de orden político.