La indemnización prevista va desde 33 millones de guaraníes, para los que tienen hasta 5 años de antigüedad; hasta G. 82 millones, para quienes tienen más de 10 años de servicio. Los fondos saldrán del Estado.
Un sector de los diputados se opone al proyecto y sostiene que es absolutamente irregular otorgar un beneficio de este tipo. El Ministerio de Hacienda advierte que el costo financiero sería insostenible.