El proyecto para modificar la Ley 1682/01, llamada “ley Informconf” se aprobó por 36 votos a favor y 15 en contra y motivó una fuerte polémica previa.
Por un lado, algunos diputados, como Víctor Ríos (PLRA), Rocío Casco (Avanza País) y Ramón Duarte (Frente Guasu) plantearon directamente derogar la ley y no solo modificarla.
En tanto, los colorados Purificación Morel y Dany Durand, luego de fuertes críticas y advertencias de que su aprobación haría más mal que bien, plantearon su vuelta a comisión.
La presentación del dictamen favorable a la aprobación estuvo a cargo del colorado Ramón Romero Roa, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. El mismo indicó que los proyectos presentados sobre el tema de Carlos Portillo (PLRA) y Óscar Tuma (ANR) se unificaron.
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Antes de interrumpirse el estudio del proyecto, se desestimó la modificación del artículo 1, que había propuesto el diputado Portillo. Este proponía agregar que el hecho de figurar en la lista de Informconf no podía ser causa para evitar el acceso de las personas a un puesto laboral.
Al respecto, el diputado colorado Óscar Tuma dijo que esas dos cosas no estaban vinculadas y el hecho de que algunos empresarios utilizasen ese motivo para evitar la incorporación de alguna persona a un trabajo no se iba a modificar por ley.
La principal modificación que proponía la comisión de Asuntos Constitucionales, que no llegó a tratarse, es que no debían figurar en la lista de Informconf personas que tuviesen deudas menores a 50 jornales mínimos (poco más de G. 3 millones).
Según el legislador, con esta sola disposición, se estaría salvando la situación de unos 35.000 productores que tienen pequeñas deudas con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y que, actualmente, no pueden acceder a otros nuevos créditos por figurar en Informconf.
La otra modificación que impulsa la comisión se refiere al artículo 9º, en el sentido de agregar que las personas que figuren en la lista de Informconf o empresas similares deberán excluirlas desde el momento en que es comunicada por cualquier medio idóneo (es decir, no solamente por una sentencia judicial) la cancelación de la deuda.
El estudio del proyecto continuará en una sesión extraordinaria la próxima semana.