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Precisamente, el actual jefe comunal, a poco de asumir el cargo, había denunciado que su antecesor le dejó una deuda de G. 10.000 millones a empleados y proveedores de la Comuna. El mismo Rojas Ferreira había solicitado a la Contraloría General la realización de la auditoría a la administración saliente.
Los auditores designados para la tarea de verificación son Alba Sotelo, Ranulfa Delgado, Ruth Benítez y Mónica Acuña.
La supervisión y coordinación de las tareas están a cargo de Sandra Pérez y Tomás Servín Marín.
La resolución de la Contraloría General habla de la necesidad de realizar el examen especial, a los efectos de verificar la correcta utilización de los recursos, el cumplimiento efectivo de las normativas legales que la autoricen, así como el control de los documentos que respalden las ejecuciones presupuestarias del periodo mencionado.