El argumento sería impedir que los gobiernos de turno sigan ampliando el personal público con las incorporaciones que realizan, por lo general con sentido proselitista o de favor. El objetivo sería adoptar en la Ley 1626 los mecanismos necesarios para que no queden las herencias, sobre todo en personal de confianza, de los gobiernos que cumplen sus periodos de mandato.

Actualmente, existe en el Parlamento un proyecto de ley de modificación de la 1626, propuesta a la que el Ejecutivo podría agregar sus sugerencias.

La Ley 1626 es resistida por varios sectores públicos, por las exigencias que plantea, como por ejemplo el concurso público de oposición, para acceder a puestos estatales. De hecho existen instituciones que mediante acciones de inconstitucionalidad logran sortear la legislación. También son constantes las denuncias de las violaciones de la ley en concursos amañados para dar cargos.