La jueza consideró válida la acusación de la fiscalía por lesión de confianza y usurpación de funciones. Según la imputación, firmó en Roma un convenio de servicios por US$ 600.000 sin estar facultado. Él afirma que es una denuncia falsa de su sucesor Ramón Jiménez Gaona y del gobierno de Cartes. Dice que quiere ir a juicio, pero audiencia se suspendió diez veces durante cuatro años por sus chicanas.