Casi 3 años después, fiscalía investiga a los Filizzola

El Ministerio Público investiga casi tres años después de las denuncias de irregularidades en el proceso de adquisición y entrega de los helicópteros de la Policía.

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Tanto Rafael como Carlos Filizzola son los responsables. Las pruebas son los documentos que hoy están en poder de los fiscales y fueron base para la imputación.

El acta de imputación señala como puntos fundamentales dos aspectos. Por un lado, la adjudicación a la empresa Proibérica SA, de Guillermo Casado de Amezúa, pese a no cumplir con todas las documentaciones del pliego de bases y condiciones (PBC), y por otro, el pago total de los cuatro helicópteros tácticos UH 1H sin que se cumpla con todo lo establecido en el contrato.

Por este proceso de compra del Ministerio del Interior, la Fiscalía de Delitos Económicos denuncia un perjuicio patrimonial de G. 50.000 millones. Responsabiliza a Rafael Filizzola y a su equipo de trabajo por el inicio y primera parte de pago del servicio, y a Carlos Filizzola por completar y terminar el proceso de compra de los helicópteros.

Esto teniendo en cuenta que por la adquisición de los helicópteros tácticos se pagó 47.890 mil millones de guaraníes, incluyendo servicio y creación de un Centro de Mantenimiento con capacidad posventa y equipos para operativos policiales, tales como Fast Rope (deslizamiento rápido), francotirador, combate a incendios, entre otros.

Los helicópteros tácticos fueron recibidos y pagados en su totalidad por Carlos Filizzola como helicópteros comunes y no como lo que estaban destinados: para operativos tácticos policiales.

Por si fuera poco, el Ministerio del Interior no recibió toda la documentación obligatoria. Tales como los manuales logísticos de cada una de las aeronaves. Estos libros registran las horas de vuelo desde su salida de la fábrica, el mantenimiento y las piezas cambiadas. El control de seguridad se lleva a cabo según las horas de vuelo; de allí su importancia.

Tampoco recibió la transferencia de uno de los helicópteros del permiso del departamento de Estado, en el marco del Tratado de Comercio y Regulación de Armas (ITAR, por sus siglas en inglés) de una de las aeronaves. Sin este documento el Estado se expone a una demanda de los Estados Unidos por el delito de tráfico de armas, teniendo en cuenta que el helicóptero UH 1H es considerado bélico, porque fue fabricado para la guerra de Vietnam.

Desangrante gasto para el Estado

Esta mala administración en el Ministerio del Interior, que se inició y fue denunciado a través de publicaciones periodísticas desde 2010, desangra al Estado paraguayo por tres razones. Se adquirieron helicópteros comunes a altos costos con el objetivo de cumplir operativos policiales, se pagó como un ítem aparte el mantenimiento (lo cual estaba dentro del paquete de servicios de la compra) y porque la actual administración, a cargo de Carmelo Caballero, para poner en condiciones de vuelo a estas aeronaves contrató a otra empresa para cumplir este servicio, Helitáctica, de Luigi Piccolo.

Caballero informó que dos helicópteros UH 1H se encuentran en condiciones de vuelo. El proceso de verificación de las aeronaves fue acompañada y certificada por la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac).

Para llegar a este punto, el ministro terminó el contrato con la empresa Proibérica, solicitó la intervención de la Procuraduría para acompañar la recuperación de sus aeronaves, tanto las tácticas como los Robinson Raven y el avión CASA 212.

Los UH 1H fueron trasladados en camiones hasta la Agrupación Especializada, donde está la base aérea policial, desde el aeródromo Nicolás Bo, ubicado en Villa Hayes, local alquilado por Proibérica.

La fiscalía debe llegar al fondo de la cuestión. Debe identificar y castigar a todos los responsables tanto del Ministerio del Interior como de la empresa Proibérica.

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