A fines de agosto se presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de inconstitucionalidad, ante una convocatoria de acreedores de Cipasa, admitida en Ciudad del Este. Dicha empresa ahora pretende una Corte a su medida.
La Corte Suprema de Justicia se verá obligada a estudiar un pedido de inconstitucionalidad, ante una convocatoria de acreedores admitida en juzgados de Ciudad del Este, en favor de la empresa Comercial e Inmobiliaria Paraguayo-Argentina SA (Cipasa).
La Ley 154/69 "De quiebras" establece que la convocatoria de acreedores debe realizarse ante juzgados donde la empresa tiene su sede social o domicilio.
El artículo 176, de dicha ley, expresa: "Será competente para conocer de la convocación de acreedores y de la quiebra el juez de primera instancia de justicia común del lugar donde el deudor tuviere su negocio, su sede social o su domicilio" (negritas son nuestras).
Cipasa tiene su sede administrativa en Asunción. La Ley 154/69 no deja resquicios de dudas, establece con absoluta claridad que la convocatoria debe realizarse "donde el deudor tuviere su negocio, su sede social o su domicilio".
Ante la manifestación de la ley, el pedido de convocatoria de acreedores nunca debió admitirse en Ciudad del Este. En este momento, la Corte Suprema de Justicia tiene entre sus manos un expediente que no debió existir.
No es casualidad que Cipasa haya recurrido a juzgados de Ciudad del Este. El estudio del expediente revela graves irregularidades, groseras violaciones de la Ley 154/69 por parte de magistrados que es seguro conocen las normativas legales.
Es difícil admitir la posibilidad de que jueces del fuero civil de Ciudad del Este ignoren los mandatos de la ley.
Deudas de Cipasa
Más bien se pueden pensar que recibieron retribuciones económicas ilegales. Los documentos sugieren que Cipasa gastó una buena plata en comprar sentencias judiciales.
Según el balance de la firma, debe 83.000 millones de guaraníes. Esta cifra astronómica incluye deudas a Copaco, Essap, ANDE y el IPS, pasando por impuesto a la renta, impuesto inmobiliario y patentes municipales.
El presidente de Cipasa, Roberto Leslie Antebi, figura como uno de los acreedores de su propia empresa. La lista también menciona al síndico de la firma, Jesús Oscar Eijo, así como a entidades bancarias, de seguro y al mismo Frigorífico San Antonio, que también forma parte del patrimonio de Antebi.
La suma de cuentas impagas totaliza 83.000 millones de guaraníes. Cipasa, al admitirse la convocatoria de acreedores, logró que cese el pago de intereses.
La convocatoria decretada por jueces de Ciudad del Este debió incluir la instalación de una junta de acreedores, para discutir las condiciones de pago de la deuda.
El juicio se inicio el 15 de junio de 2004, en juzgados de Ciudad del Este y en seis años la junta de acreedores ni siquiera existe, en clara violación de la ley de quiebras.
Una Corte a la medida
El tema es que Roberto Leslie Antebi cobra 4,5 millones de dólares anuales del Estado, en concepto de indemnización por la expropiación de las tierras de Cipasa, en Concepción.
El tesoro público ya pagó cinco cuotas iguales, lo que totaliza una cifra superior a los 100.000 millones de guaraníes.
El Estado paraguayo abona regularmente a Cipasa el monto establecido en concepto de indemnización; pero el presidente de la empresa logra una convocatoria de acreedores, detener el pago de intereses y no cubre sus deudas.
Para colmo, esta la posibilidad de que el dinero de los contribuyentes se haya utilizado en financiar la corrupción de jueces de Ciudad del Este.
A fines de agosto se presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de juzgados de Ciudad del Este.
El objetivo es lograr la nulidad de la sentencia judicial que admite la convocatoria de acreedores; de admitirse el pedido, la ley establece que debe declararse la quiebra de la empresa.
Si esto sucede, Roberto Leslie Antebi deberá ingresar en una cuenta corriente los 4,5 millones de dólares que recibe del Estado, lo que significa que perderá el control del dinero y tendrá que pagar sus deudas.
El tema ahora es la integración de la sala constitución de la Corte Suprema de Justicia: los ministros Víctor Núñez y Antonio Fretes se inhibieron.
César Garay y Oscar Bajac aceptaron el expediente; el ministro Sindulfo Blanco, podría integrar la sala constitucional, pero debería inhibirse, dado que el abogado Luis Godoy es parte en la causa.
En Ciudad del Este mencionan que el gestor en favor de Cipasa es el abogado Ariel Blanco, hijo del ministro Sindulfo Blanco.
El Estado paga cada año 4.5 millones de dólares. Se cubrieron cinco de las diez cuotas previstas como indemnización por la expropiación de tierras de Cipasa. Este dinero, con apoyo de jueces corruptos, se destinaría a financiar fraudes.
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