SAN LORENZO (Antonia Delvalle Castillo, corresponsal). El caso María del Carmen Medina, funcionaria del Hospital de Clínicas, es una más de las denuncias de uso irregular de datos para la creación de partidos o movimientos políticos. Medina aparece como proponente para la creación del movimiento “Paraguay Despierta”. La funcionaria explicó que nunca fue consultada o prestó su acuerdo.
Las quejas no son solo de funcionarios del hospital escuela. También hay funcionarios del sector privado e incluso candidatos de otros partidos como el caso de Daniel Vargas, precandidato a diputado por Central por el Partido Demócrata Cristiano. “Han falsificado mi firma como proponente de un movimiento político obrero”, denunció.
Ante el hecho de que están utilizando nombres sin autorización como supuestos proponentes de nuevos movimientos políticos que van a pugnar en las próximas elecciones, se puede hacer la verificación ingresando a la página de la Justicia Electoral www.tsje.gov.py. En caso que los datos aparezcan sin consentimiento, los ciudadanos pueden denunciar ante la Justicia Electoral.
La mayoría de los afectados manifestó que es injusto tener que perder el tiempo haciendo una denuncia y que lastimosamente la justicia no sanciona con todo el rigor de la ley a quienes actúan falsificando datos. Recordaron el caso de referentes del oficialismo colorado que hicieron campaña de firmas en favor de la reelección poniendo en la lista incluso a personas fallecidas o que viven en el extranjero.
Varios ciudadanos denunciaron en redes sociales que aparecen sus datos para la creación de movimientos como el Partido Político Hagamos del concejal municipal Tony Apuril, el Partido Político La Patria Primero del senador Fernando Lugo, el movimiento Reserva Patriótica del exgeneral Ramón Benítez, entre otros.
¿Dónde denunciar?
A raíz de la serie de denuncias, la Justicia Electoral habilitó una oficina especial de recepción de denuncias para que los afectados puedan ser excluidos. Luis Alberto Mauro, vocero de la institución, indicó que tomarán las denuncias de los afectados y las remitirán a la Fiscalía para que se inicie una causa penal contra los partidos o movimientos que falsificaron los datos. Los culpables podrían ser condenados a penas carcelarias. Los denunciantes pidieron castigos severos para los autores.