Dicha propuesta legislativa pretendía dar solución a las miles de llamadas y mensajes extorsivos que los convictos hacen padecer a la ciudadanía.

Sin embargo, Bacigalupo señaló que la cartera estatal trabaja internamente en el bloqueo de llamadas. Dijo que esta disposición debía regularse en forma administrativa y no por ley, ya que no es recomendable el bloqueo absoluto de las comunicaciones en todas las penitenciarías, según en nuevo código de Ejecución Penal.

La funcionaria apuntó que la licitación sería lanzada entre abril y mayo próximo. En cuanto al bloqueador adquirido en 2005 por unos G. 400 millones, confirmó que no funciona y que evalúan su reparación. Aseguró que no se repetiría la práctica anterior en la que los reos daban coimas a los guardias para averiar el dispositivo.

La aceptación del veto se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en un caldeado debate entre legisladores críticos y “leales” al presidente Horacio Cartes.

Clemente Barrios (ANR), titular de la comisión de Justicia, fue el encargado de defender la postura presidencial, mientras que liberales y colorados disidentes fustigaban el veto.

Otros legisladores atribuían la postura presidencial a una supuesta presión de las empresas telefónicas y también cuestionaron a la ministra de Justicia, Sheila Abed.