En una audiencia pública realizada el pasado miércoles en la Sala Bicameral del Congreso, técnicos del sector jurídico y notarial aseguraron que la aprobación de la Ley de Dinacare podría originar una serie de conflictos territoriales antes que servir para un ordenamiento, dado que prevé concentrar toda la información contenida tanto en el Servicio Nacional de Catastro como en el Registro Público, incluyendo el Registro del Automotor y demás registros del país, sacando incluso el archivo de protocolización del ámbito de la Corte Suprema de Justicia para ponerlo a disposición del Ejecutivo en la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare).
A todo esto se suma el hecho de que la ley de Dinacare prevé en sus articulados la creación de la “Dirección de Regularización” que no es otra cosa más que el lugar donde deberán dirimir los conflictos por propiedades ya sea por la superposición de planos, como la doble matriculación en el caso de los inmuebles o hasta incluso los bienes de una sucesión, temas que están previstos bajo el régimen normativo del Código Civil y que deben definirse en el ámbito de la Justicia a través de un proceso jurídico.
Los técnicos que expusieron sus opiniones temen incluso que quienes estén al frente de la Dinacare puedan, unilateralmente, alterar o modificar títulos de propiedad totalmente constituidos.
Esto llevaría a una cadena de conflictos por propiedades de impredecibles consecuencias ya que inclusive la ley de Dinacare deroga leyes importantes y articulados de la Ley Orgánica Municipal, del Código Rural, Código Civil y otros que dejan verdaderas lagunas legales.
¿Quienes están detrás?
Recordemos que el proyecto de ley fue presentado al Congreso Nacional por el mismo presidente de la República, Horacio Cartes, y el exministro de Hacienda, Germán Rojas.
Según la senadora Desirée Masi (PDP), este proyecto está preparado para que, una vez aprobado, el director general pase a ser el escribano y amigo personal de Cartes, José María Livieres, quien de hecho ya estuvo detrás del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado. Asimismo, es importante señalar que el proyecto de ley otorga al director general de la Dinacare amplias facultades para elegir, sin concurso de méritos ni test de aptitudes, a todos los funcionarios que ocupen cargos directivos.