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El pasado 11 de julio vía ley de Acceso a la Información Pública, el Diario ABC Color solicitó el detalle del sumario administrativo de los 32 funcionarios de la Justicia Electoral que alquilan sus viviendas a la institución.
Mediante una nota, Julio Simón, superintendente del órgano electoral, respondió que el sumario a los funcionarios se encuentra en trámite por disposición de Bestard.
Sin embargo, contradictoriamente 17 días antes, Bestard firmó la resolución Nº 53/16 en el cual autoriza el traslado de los tribunales, juzgados y registros electorales dando por sentado que la irregularidad sí existe e incluso dio por finalizados los casos.
Con ello también reconoce la violación de varios artículos de las leyes de Contrataciones Públicas, Función Pública, de Enriquecimiento Ilícito. En la resolución prohíbe que los funcionarios permanentes y contratados, así como sus familiares, suscriban propuestas como locadores de las oficinas electorales de todo el país.
En la misma resolución, la Superintendencia refiere que abrió la investigación con base en la publicación periodística de ABC Color en la que se señala que la funcionaria Victorina Fretes Mora, directora de Logística Electoral, alquila parte de su vivienda de Quiindy para el funcionamiento del Registro Electoral local. Se realizó la investigación de otros casos similares y se detectó la existencia de 32 funcionarios más en esa misma situación.
Bestard al conocer los casos autorizó que mientras dure el proceso de contratación con otros nuevos propietarios, se fijen convenios con instituciones que cedan espacios físicos en forma gratuita.
También que se autorice el traslado de los 32 locales donde son propietarios los funcionarios del TSJE.
En esa misma resolución, Bestard designa al director del Registro Electoral, Lidio Franco, a ejecutar la disposición.
Responsabilizan al Tribunal
Ismael Hadid Florentín, representante legal de Naisal Negocios Inmobiliarios SA, empresa que alquila oficinas para el funcionamiento de tribunales, juzgados y registros electorales confesó que es la Justicia Electoral la que define qué locales y a qué precio se alquilarán, ya que ellos son quienes fijan esos detalles en el pliego de bases y condiciones.
“Hay mucha manipulación y mala intención porque el TSJE dentro del pliego de bases y condiciones aclara perfectamente el presupuesto para cada localidad y cuál es el monto que se debe pagar, cuál es el local que se debe alquilar y el monto máximo, porque dentro de ese monto se incluyen los servicios básicos. Nadie habla de eso”, reveló Hadid, dejando en evidencia que el TSJE viola varias leyes e incluso su propia resolución interna.