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A principios de este año, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) realizó un sumario a Proibérica SA, propiedad de Guillermo Casado de Amezúa, por aparente incumplimiento de contrato en la adquisición de los helicópteros tácticos para la Policía.
El director del ente en ese entonces, ingeniero Douglas Oneto Bonzi, en resolución número 183/13, señaló que se encontraron una serie de irregularidades entre lo que establece el contrato de la compra y la verificación in situ.
El resultado de la investigación fue la inhabilitación. Los aspectos principales son cuatro.
Primero: los cuatro helicópteros UH 1H no tienen la disponibilidad de horas de vuelo de los motores solicitados. El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) señala en las especificaciones técnicas el requerimiento de una disponibilidad de 2.500 horas de vuelo, pero fueron entregados con menos, una disponibilidad de 2.000 horas.
Segundo: los helicópteros fueron requeridos con garantía del fabricante, que es la norteamericana Bell Hellicopter. Proibérica solo presentó un documento de su proveedora chilena Flight Service, de Carlos Ahrens Angulo, que garantizaba el funcionamiento de las aeronaves.
Tercero: el Ministerio del Interior había solicitado la creación de un Centro de Mantenimiento con asistencia técnica con capacidad del desarrollo del programa posventa, con aprobación del fabricante y de la Dirección Aeronáutica Civil (Dinac). Este centro no existe.
En este punto es de destacar que el PBC había contemplado que la Dinac apruebe el centro de mantenimiento, teniendo en cuenta que es la autoridad aeronáutica en el país.
Cuarto: Proibérica no entregó los manuales logísticos de los helicópteros. En este libro se registran las horas de vuelo desde su salida de la fábrica, el mantenimiento y las piezas cambiadas. El control de seguridad se lleva a cabo según las horas de vuelo; de allí la importancia de estos manuales logísticos.
Los cuatro helicópteros tácticos UH 1H costaron 47.890.000.000 de guaraníes. La adquisición incluía la creación de un centro de mantenimiento y equipos para operaciones policiales, tales como un soporte de estructura exterior para francotirador, dispositivo Fast Rope (para deslizamiento rápido), guincho y bambi bucket (para combate a incendios).
Responsabilidades
Estos cuatro puntos destacados por Contrataciones Públicas constituyen los mismos aspectos de la base de la imputación a los exministros del Interior Rafael y Carlos Filizzola.
El primero durante su gestión elaboró los requisitos, adjudicó la empresa y pagó la primera parte de la compra.
Mientras que el segundo completó el proceso de la adquisición mediante el pago del servicio, que se encontraba dentro del Presupuesto General de la Nación.
Además, realizó pagos por el servicio de mantenimiento como servicio aparte, cuando esto ya estaba contemplado como parte de los servicios adquiridos con la compra de las aeronaves.
En ese entonces, Carlos Filizzola argumentó que el PBC no era claro y fue calificado como un mero conjunto de “expresiones de deseo”.
La Fiscalía debe ahondar estos pagos realizados durante la administración de Carlos Filizzola, en concepto de mantenimiento y repuestos para las aeronaves.
Debe extender investigación
La investigación encabezada por los fiscales de Delitos Económicos Victoria Acuña y Martín Cabrera debe ser extendida al equipo miembro de la administración de Carlos Filizzola, teniendo en cuenta que eran los responsables de verificar el estado de los helicópteros tácticos al momento de la recepción definitiva, así como también de las documentaciones pertinentes.
ggonzalez@abc.com.py