El legislador colorado dijo que en nuestro ordenamiento jurídico los acuerdos internacionales deben ser ratificados o rechazados por el Congreso, pero el Ejecutivo ni siquiera los remite, se dejan cabos sueltos, se puede sospechar que el Ejecutivo no quiere recurrir a las instancias pertinentes.
Benítez dijo que existe desde antes una actitud “dubitativa y vacilante” de parte del Ejecutivo porque primero dijeron que no recurrirían ante el Tribunal de La Haya, luego que buscarían un dictamen de prestigiosos juristas y, hasta ahora, estamos en veremos. Apuntó que todo esto nos muestra como un país que no está convencido de su derecho a reclamar, lo cual consideró grave.
Benítez expresó además su acuerdo con el pronunciamiento de excancilleres de que lo hecho con nuestro país es inconstitucional y las sanciones que nos aplicaron son nulas. En tanto, la senadora Ana Mendoza (Patria Querida), vicepresidenta segunda del Senado, consideró que la decisión del Ejecutivo de no remitir el Protocolo de Ushuaia II se inscribe en el marco de la postura “cuidadosa” que mantiene la Cancillería respecto a estos temas. Señaló que la decisión parece ser “poner paños fríos” y aguardar un escenario más conveniente a los intereses nacionales.
La legisladora puntualizó que la posición de PQ fue desde un inicio que el protocolo firmado durante el gobierno de Lugo era una “aberración” y debía rechazarse.
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Recordó que los demás países del Mercosur pretendieron aplicar la “cláusula democrática”, aunque nuestro país ni siquiera ratificó el documento. Dijo que, a su criterio, el Ejecutivo no remitirá el documento en lo que queda de su mandato, a menos que haya algún hecho excepcional, y que llegaremos con esta situación hasta el próximo gobierno.
Liberales se excusan
Senadores liberales, consultados ayer, como Miguel Abdón Saguier y Rocío González, se excusaron de opinar sobre la decisión del Ejecutivo de no remitir al Congreso el Protocolo de Ushuaia II y el de Unasur sobre democracia, para su tratamiento.
Argumentaron que deseaban informarse y que desconocían las razones del Ejecutivo para adoptar esta determinación.