Marta Ferrara, de la organización no gubernamental Semillas por la Democracia, junto al Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), emitieron ayer un comunicado en el que repudian a la Justicia Electoral, por no proveer información pública al ciudadano Daniel Vargas, y emitir una resolución en la que obligan al mismo a pagar costas por G. 7 millones.
Las organizaciones “manifiestan su profunda preocupación ante el último caso de denegación de información pública por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), avalado por el Poder Judicial, en un claro mensaje de amedrentamiento y regresión a las viejas prácticas oscurantistas, acciones que ponen en riesgo a nuestra débil institucionalidad”, señalaron.
Luego recalcaron que la Ley de Acceso a la Información Pública está en vigencia hace tres años y en todos los casos en los que se recurrió a un amparo contra el Estado, jamás se le impuso el pago de costas al accionante. “La única lectura posible es que ha empezado la contraofensiva de quienes creyeron que la Ley de Acceso a la Información Pública no les afectaría y ahora se abroquelan para destruirla. La mano política detrás de esta decisión es evidente”, denunciaron.
Más adelante, advirtieron que la decisión de la Justicia Electoral atenta contra el Paraguay, atendiendo a la auditoría a la que será sometido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría resultar negativo para la imagen país.
Recordaron además que en el proceso de aprobación e implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública estuvieron involucradas organizaciones y legisladores, entre ellos el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Mediante esto se logró dotar a la ciudadanía de una herramienta eficaz para el control del patrimonio que antes era exclusivo de las autoridades de turno.
Al finalizar anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad, recordando el Acuerdo y Sentencia N° 1306 emitido por el Poder Judicial en el que se reconoce el derecho humano fundamental a acceder a la información que obra en poder del Estado.
Quería acceder a actas de votaciones de abril
Daniel Vargas Téllez, excandidato a diputado por Central por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), solicitó el 29 de mayo el acceso a las actas electorales, listado de delegados electorales, integrantes de la Junta Cívica, apoderados y veedores, así como miembros de mesa habilitados y asignados en San Lorenzo para las elecciones generales de abril de 2018, al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, le negaron el acceso. Entonces, el 20 de diciembre presentó un amparo contra la institución. Pero el Tribunal de Apelación de feria del Palacio de Justicia resolvió el 15 de enero denegar el recurso de amparo, porque la solicitud había prescrito, y le impuso el pago de las costas judiciales: unos 60 jornales diarios (G. 4.875.120) por la primera instancia, más un 25% de la suma (G. 1.218.780) por la segunda instancia, que totalizan G. 6.093.900.