El órgano superior de control solicitó a la Procuraduría General de la República que realice gestiones para obtener la devolución de G. 14.783.107.888 de distintos organismos y entidades del Estado que fueron otorgados en concepto de viáticos a sus funcionarios y que no fueron rendidos debidamente o fueron utilizados indebidamente.

El monto mencionado corresponde a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y al 8 de abril del 2016.

El detalle de los montos por año se puede observar en el cuadro que ilustra esta página.

El control del uso y rendición de viáticos está a cargo de la Dirección de Control de Viáticos de la Administración Pública de la Contraloría General de la República.

La devolución de viáticos que se otorgan a funcionarios públicos que realizan gestiones fuera de la institución, de acuerdo a la reglamentación correspondiente, corresponde cuando se supera el monto establecido en la tabla del decreto presupuestario de cada ejercicio fiscal; o cuando el beneficiario no arrimó los soportes documentales de gastos equivalente al 50 por ciento del monto total otorgado, o cuando presenta documentos que en la rendición no corresponde a la descripción de gastos de viáticos establecidos.

Los gastos de viáticos contemplados son: alojamiento, alimentación personal, movilidad, tasas y otras justificaciones, como remedio de urgencia, tintorería o lavandería y comunicación.

Las observaciones que se realizan en el informe de la Dirección de Control de Viáticos de la Administración Pública tienen que ver, en varios casos, con la utilización de esos recursos en cuestiones no vinculadas a la actividad que el funcionario realiza ya sea en el interior del país o en el exterior. Entre otros menciona la compra de productos que no hacen a la función a la que fue encomendado cumplir, entre otros, invitación a terceras personas, etc.

En todos estos casos la Contraloría General remitió a la Procuraduría General de la República toda la documentación referente a la falta de rendición de cuentas para que esa instancia del Estado inicie las gestiones correspondientes para la recuperación del millonario monto de dinero entregado a funcionarios y que no fueron rendidos o fueron utilizados en cuestiones no contempladas en la reglamentación correspondiente.