Detectan indicios de hechos punibles en venta de tierras

La Contraloría General de la República remitió a la Fiscalía General del Estado documentación sobre indicios de hechos punibles cometidos presuntamente por funcionarios del Indert en la venta de 4.000 hectáreas de tierra en la Región Occidental, entre 2008 y 2009. El monto del perjuicio patrimonial determinado por el órgano contralor es de G. 921.474.288.

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Los antecedentes señalan que el 4 de noviembre de 2008 el ciudadano Víctor González Zavala solicitó la compra de un terreno ubicado en Campo Herraje, distrito de Mcal. Estigarribia, de aproximadamente 4.000 hectáreas de tierras que se presumen fiscales.

El 24 de diciembre de 2008 el interesado abonó el 25 por ciento del precio de las tierras, según está establecido en el Estatuto Agrario, que ascienda a la suma de G. 37.205.000.

El 16 de julio de 2009, por Resolución Nº 2218/09, Indert fijó nuevos precios básicos por hectáreas para venta de tierras fiscales y lotes coloniales en la Región Occidental. De G. 30.000 pasó a G. 345.000 por hectárea en la zona 3 del departamento de Boquerón, región que afecta las tierras solicitadas por González Oddone.

El 21 de septiembre de 2009 Indert emite la Resolución 3186/09. Dice que los que ya han pagado el 25 por ciento del valor del lote y no han transcurrido más de un año de su último pago, no serán afectados por el precio nuevo, teniendo el plazo de hasta un año de su último pago para amortizar o pagar la totalidad del valor del lote, caso contrario lo pagado se liquidará al precio anterior y el saldo al precio nuevo.

A la fecha de la Resolución 3186/09 el interesado no había presentado la solicitud de compras de lotes. Recién las solicitó el 27 de abril de 2010, un año y cuatro meses después, por lo que correspondía aplicar la resolución del Indert. Entonces se emitió una liquidación proforma en la cual el monto total a abonar ascendía a la suma de G. 1.048.676.046. El interesado solicitó la reconsideración de la liquidación, lo que fue aprobado. El precio de pago se redujo a G. 127.201.756. La auditoría de la Contraloría General concluye que la aprobación de la excepción solicitada por González Zavala por parte del Indert habría generado un presunto perjuicio patrimonial de G. 921.474.288.

El órgano superior de control remitió todos los antecedentes a la Fiscalía General del Estado como indicio de hecho punible, para que los analice y determine si hubo o no hecho ilícito.

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