Ejecutivo no reglamenta la ley contra el cáncer

El presidente Mario Abdo Benítez recibió días atrás en Palacio de López a miembros de la Asociación de pacientes con Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), quienes pidieron la reglamentación de la ley “De atención integral a las personas con cáncer”.

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La solicitud es a fin de optimizar los recursos destinados a los enfermos oncológicos.

Tras reunirse con el Mandatario y con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en Palacio de Gobierno, los integrantes de la organización expresaron la necesidad de contar con la reglamentación de la referida ley, de forma que se dispongan en forma oportuna los recursos que establece la legislación a favor de los enfermos con dicha enfermedad.

“Solicitamos que se ponga en vigencia ya la Ley del Cáncer y también los recursos que forman parte de la Ley”, expresó Juana Moreno, miembro de la asociación.

El proyecto de ley fue sancionado por el Congreso Nacional en diciembre del 2018 y promulgado por el Poder Ejecutivo en enero pasado.

Moreno señaló que es necesaria la reglamentación de tal forma se haga efectiva la Ley y se faciliten los recursos a los pacientes que requieren de medicamentos de alto costo.

El senador Pedro Santacruz del Partido Democrático Progresista (PDP) se mostró confiado en que en los próximos días se concretará el proceso, de acuerdo a la respuesta que recibieron. Sin embargo, hasta el momento el decreto no tiene publicación oficial.

Con el fin de dar un tratamiento oportuno a los enfermos oncológicos, Abdo Benítez promulgó en enero pasado esta Ley “De Atención Integral a las Personas con Cáncer”.

La legislación garantiza a toda persona el acceso oportuno y de calidad a una atención de salud digna e integral ante el cáncer, lo que comprende la promoción de la salud, prevención de enfermedades, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, salud mental y cuidados paliativos.

La ley abarca a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, como las instituciones públicas, privadas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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