En un último informe de la Justicia Electoral dado a conocer el pasado lunes, otros nueve sectores más presentaron su rendición de cuentas de los gastos en los que incurrieron durante la campaña proselitista.
Se trata del Partido Unace, el Movimiento Despertar Ciudadano, el Movimiento de Unidad de Ciudadanos Chaqueños, el Movimiento Independiente de Integración Ciudadana, el Movimiento Decisión Ciudadana y Democracia, el Movimiento Mejora Continua de Benjamín Aceval, además de la Alianza Todos por Filadelfia, Alianza Encuentro Progresista y la Alianza Todos Juntos por Benjamín.
La Justicia Electoral registra en su informe final que de 136 nucleaciones políticas (partidos, concertaciones, alianzas y movimientos), solo 59 se presentaron y 77 no lo hicieron. Esta última cifra representa al 43% del total.
La Ley 4743/12 de Financiamiento Político se aplica por primera vez en nuestro sistema electoral. Un proyecto de ley sancionado por unanimidad de los partidos con representación parlamentaria pretendía debilitar los controles del financiamiento que las agrupaciones realizaban durante la etapa electoral. Los partidos incluso acordaron que no se realice la presentación de los gastos electorales. El proyecto eliminaba los plazos y la presentación.
Entre los sectores que no presentaron se encuentran tres partidos, entre ellos: el Partido Socialista Democrático Herederos, el Partido Blanco y el Partido de los Trabajadores. Además de las concertaciones: Juntos Ganamos y Juntos por Acahay (ver infografía). Estos sectores no podrán recibir el aporte y subsidio del Estado. La Comisión Asesora del TSJE en coordinación con la Unidad Técnica de Auditoría se encargarán de revisar toda la documentación que fue acercada por los grupos políticos. Para ello tienen un plazo de 10 días. Una vez finalizado el plazo, los funcionarios de la institución electoral deben remitir las documentaciones a la Contraloría General de la República, tal como dispone la Ley de Financiamiento Político.
La presentación consistía en presentar una contabilidad ordenada de los fondos recibidos, el origen claro y preciso de los mismos, así como el destino de los egresos que realicen, debiendo en todos los casos compilar y conservar la documentación que acredite su movimiento. Además de un informe anexo de las contribuciones o donaciones recibidas para su financiamiento.
Sin aportes, ni subsidios
Los partidos, concertaciones, alianzas y movimientos políticos –que no presentaron en tiempo y forma sus balances de gastos de campaña el pasado lunes ante la Justicia Electoral– se les bloqueará todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado hasta por tres años y dos elecciones. Así señala el Art. 281 del Código Electoral, modificado por la Ley 4743/12 que Regula el Financiamiento Político.
La sanción que señala la normativa de financiamiento será aplicada por primera vez en una elección de autoridades electivas.