Rojas se presentó en las últimas horas de la noche del pasado viernes en la comisaría de Naranjito, San Pedro. Ayer a la mañana fue traído hasta la sede del Ministerio Público en donde declaró que no tenía conocimiento de que una vivienda de Ñemby ubicada en la calle Las Palmas 342 entre Segunda y Tercera estaba a su nombre.

Inclusive, fue sometido a una audiencia de reconocimiento durante la cual vecinos de la casa manifestaron sus dudas acerca de si alguna vez fue visto en la referida vivienda. El indígena estuvo acompañado por el cacique y otros componentes de su parcialidad.

Su declaración fue testifical, lo que hace deducir que la fiscalía no lo tiene como sospechoso.

Para la fiscalía esto hace aumentar la sospecha de que su documento fue utilizado por personas que tenían acceso a él para realizar las gestiones de compras de la propiedad.

Este es uno de los puntos que es investigado por la fiscalía, ya que un antecedente próximo es el de Marciana Amalia Brítez, quien declaró que la fotocopia de cédula que aparece en la compra de un teléfono al cual llamaron los secuestradores la había entregado entre el 2000 y el 2001 a una organización social del asentamiento San Luis.

El testimonio de Marciana Brítez fue corroborado con una pericia caligráfica y la mujer tiende a quedar desvinculada del proceso.

Otro punto que la fiscalía aclaró durante las diligencias realizadas ayer es que Hugo Ever Almirón, quien supuestamente vendió al prófugo Manuel Cristaldo Mieres una camioneta Ford Ranger, no está implicado con los secuestradores.

Las investigaciones de la fiscalía basadas en declaraciones y audiencias de reconocimiento permitieron descartar esta posibilidad.

Esta camioneta estuvo en la referida vivienda, según una declaración del comisario Merardo Palacios, ex subjefe de la comisaría de Ñemby a la fiscalía.