La recusación contra Fernández, agente que indagaba la causa, y el adjunto de Delitos Económicos, Arregui, fue planteada bajo patrocinio de los abogados Rubén Melgarejo Lanzoni, excanciller nacional con proceso por extorsión, y Aldo Bacchetta, hijo del senador Enrique Bacchetta. A pesar de que el parlamentario intenta negar su vinculación con Esperanza, aparece extrañamente el mismo equipo jurídico que defiende a los “caseros” de su quinta, en otro proceso abierto por cobro indebido de honorarios.

En este caso y de acuerdo a datos recabados, era inminente la imputación contra el “funcionario” Esperanza, quien percibe un salario de G. 3 millones en Cámara de Diputados y debía realizar “inversiones” de G. 2.700 millones en el inmueble ubicado en Infante Rivarola, Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. La estancia, curiosamente, lleva el nombre de una de las hijas de Ibáñez, “Victoria”.

A esto se sumó que la semana pasada el fiscal Fernández allanó la modesta vivienda del “ganadero-funcionario” ubicada en Villa Elisa y se incautó de elementos que complicarían no solo su situación, sino la de Ibáñez y su esposa Lorena Plabst.

Uno de los principales argumentos utilizados para la recusación contra Fernández y Arregui es una presunta “enemistad” de Enrique Bacchetta con estos, que se extiende a través de uno de los patrocinantes, Aldo Bacchetta, su hijo.