Bajo el argumento de que se esperan los informes finales de la comisión interventora de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (FCJD), las autoridades dicen que no se podrán dar nombres sobre supuestos implicados. Será la Fiscalía la que se encargue de las imputaciones.
Son 188 actas las que oficialmente se comprobó que llevan calificaciones adulteradas de hoy egresados y otros que siguen estudiando la carrera de Derecho.
La comisión interventora, presidida por el exrector Antonio Tellechea Solís, presentó el lunes pasado a las autoridades de la Universidad el informe correspondiente a los tres meses de trabajo, con copias de las actas de contenido falso (notas falsificadas), con los nombres de los estudiantes beneficiados con esas adulteraciones.
Sin embargo, el rector Michel Gibaud dijo este viernes a la prensa que no podían dar a conocer los nombres de esas personas, porque no sabía cuántos ni quiénes son, y que la lista podría aumentar con la prórroga de tres meses más de trabajo de investigación de la comisión designada para el efecto.
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Hasta el momento se conocen los nombres de 15 personas imputadas por la Fiscalía en la causa (ver lista en la infografía que se publica en esta página), y que fueron revelados en el Ministerio Público y no en la Universidad Católica.
El rector Gibaud comentó, incluso, que una alumna de la carrera de Derecho fue abucheada en clase por sus propios compañeros, el jueves último.
Este hecho evidencia que los estudiantes saben quiénes son los involucrados en el ilícito, pero no trascienden públicamente.
¿Influyentes?
Mientras Gibaud y Tellechea sostienen que no reciben presiones internas ni externas para beneficiar a los alumnos implicados, en los pasillos de la institución corren rumores de fuertes presiones de diferentes sectores del Gobierno, como el caso de un sobrino de una ministra de Corte Suprema, así como el hijo de un exdirectivo de Itaipú de la línea política nicanorista (colorado) y de otros hijos y parientes de personalidades influyentes.
Debido a la falta de transparencia de las autoridades de la Universidad Católica, que no dan los nombres de los que saben que han cometido el delito, nuestro diario recogió versiones de pasillos que señalan que incluso un dirigente estudiantil está involucrado.