De acuerdo a un sondeo con los miembros de la Comisión de Constitucionales, la tendencia es aceptar el veto del Ejecutivo a la ley sancionada de colegiación profesional. De ser así, la disposición no regirá y se remitirá al archivo.
Las negociaciones entre las bancadas por la renovación de la mesa directiva retrasaron el estudio de este y otros proyecto de ley. Con seguridad en el mes de julio se emitirá un dictamen, expresó el titular de la Comisión de Constitucionales, senador Julio C. Franco (PLRA).
El Ejecutivo vetó el 11 de junio pasado porque el proyecto de ley tiene artículos inconstitucionales. Según la ley, los órganos de gestión de los colegios se integrarán con los propios profesionales en la materia, democráticamente electos entre sus pares colegiados. En cuanto a la competencia de los colegios, el artículo 2, inciso a) exige “el otorgamiento, renovación, suspensión, cancelación y rehabilitación en la matrícula habilitante para el ejercicio de la respectiva profesión”. Este artículo fue tildado de inconstitucional porque supuestamente va en contra del Art. 42 de la Constitución que dice que “nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación”.
Sin embargo, uno de los miembros de la comisión, el senador Bacchetta (ANR- bancada “A”), expresó que la ley de colegiación es necesaria en Paraguay porque “nos permitirá estar a la altura de los demás países del Mercosur”. Consideró que ninguno de los artículos es inconstitucional.
Agregó que hay un malentendido. “Nosotros siempre hemos luchado por la colegiación. Y hay un criterio que nos pone en desventaja con los demás países del Mercosur. Aprobamos un tratado y en ese tratado nos deja en desventaja, si no tenemos colegiación”, dijo.
Falta dictamen sobre Enzo
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aún no dictaminó sobre el segundo desafuero del senador liberal Enzo Cardozo. Está imputado por supuesta lesión de confianza; esta vez por un perjuicio de G. 3.700 millones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El proceso incluye también a Rody Godoy, sucesor del parlamentario en esa cartera de Estado. El Ministerio Público indica que se desviaron G. 1.219 millones del Programa Nacional de Fomento Agropecuario y G. 2.500 millones a través de una sospechosa ONG.