Las denuncias señalaban que Páez Monges en complicidad con sus funcionarios adulteraban documentos para el cobro irregular de indemnizaciones de personas que aparecían como víctimas de la dictadura, cuando en realidad eran personas que en muchos casos nunca fueron perseguidas por el régimen stronista.

En setiembre de 2012 Norma Ferreira, delegada de la Defensoría del Pueblo, ya realizó la denuncia contra Páez Monges, en la fiscalía, pero no prosperó.

Recién con el cambio de defensor del Pueblo, el 30 de diciembre de 2016, el actual, Miguel Ángel Godoy, presentó ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, una denuncia por hechos irregulares que se detectaron. 

Según Godoy, ante versiones de que se hicieron pagos millonarios en carácter de indemnizaciones a víctimas de la dictadura se encontraron muchos casos en los que los beneficiados eran personas que estuvieron recluidas en esos años, pero por delitos comunes.

Los fiscales solicitaron a la jueza la imposición de medidas alternativas a la prisión para los imputados.