Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter libran una batalla judicial en absoluta condición de indefensión: enfrentan al Grupo Favero y al senador Óscar González Daher.

El Grupo Favero es el principal acopiador de granos del país y el parlamentario ocupa el cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El Grupo Favero reclama a los Raiter el pago de 23 millones de dólares; presenta hipotecas, prendas y pagarés.

Los documentos fueron elaborados por las escribanas Nélida Chávez de González y María Teresa Rodríguez. Nélida Chávez es la esposa de Óscar González Daher.

Los Raiter rechazan la existencia de la deuda y sostienen que sus firmas fueron falsificadas para montar los documentos.

El Grupo Favero, por su lado, reclama el pago de los 23 millones de dólares.

En el año 2015, los Raiter iniciaron una deligencia preparatoria ante estrados judiciales y reclamaron la presentación de todos los documentes que se atribuyen al matrimonio.

El 16 de noviembre de 2015, el abogado José Costas Arriagada, representante jurídico del Grupo Favero, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una orden judicial que intima la entrega de documentos pertenecientes a los colonos.

El escrito expresa: “La providencia obliga coactivamente a mi mandante para que ejecute actos procesales similares a una declaración en su contra, bajo apercibimiento de aplicación de remisión de antecedentes por el hecho punible de desacato” (negritas son nuestras).

Con una caradurez insólita, José Costas Arriagada considera que entregar a los Raiter su extracto de cuentas en violar una garantía constitucional porque “es similar a una declaración en su contra”. Más bien se puede pensar que es una confesión de culpa...

Pericias como pruebas

El dictamen pericial 353 del Ministerio Público, del 30 de noviembre de 2015, y el informe de fecha 15 de diciembre 2016, firmado por la especialista Ruth Myers de un laboratorio forense de Londrés, coinciden en señalar que la firma de los Raiter fue falsificada y que los documentos que se utilizan para reclamar el millonario pago son falsos.

Si fuera una empresa seria y honesta, el Grupo Favero habría sido la primera en exigir el peritaje de los documentos; aquí no sucede eso, utiliza al senador Óscar González Daher como “cobrador” y gestor ante el Poder Judicial.

Todo indica que la acusación que se escucha entre productores de Mayor Otaño es cierta: el Grupo Favero es una empresa pirata.

El Abog. José Costas Arriagada se limita a cuestionar que el matrimonio Raiter haya creado una sociedad anónima pero no dice una palabra sobre el problema real: el Grupo Favero intenta cobrar deudas que no existen y utiliza documentos falsos para iniciar juicios.

Tres preguntas para Costas

El Abog. José Costas Arriagada tiene tres preguntas pendientes de respuesta:

1) ¿Por qué el Grupo Favero no acepta realizar una pericia de las firmas del matrimonio Raiter para dilucidar falsedad o no de las hipotecas cuyo pago reclama?

2) ¿Cómo logró el 28 de setiembre de 2016 que la jueza Victoriana Cáceres Duarte anule en solo dos horas una medida cautelar en favor de los Raiter y así permitir al Grupo Favero cosechar granos que no le pertenecen?

3) ¿Cómo logró el 25 de enero de 2017 que la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, estando recusada, anulase una sentencia definitiva de otra jueza?

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