VILLA HAYES, Dpto. de Presidente Hayes (Rocío Portillo, corresponsal). La jueza interina del juzgado penal de garantías local, Digna Ocampos Gómez, solicitó mediante nota a la gobernación el usufructo de su salón para la nueva audiencia preliminar del exgobernador y actual diputado Óscar Núñez (ANR) y demás acusados.
En la novena suspensión de la audiencia preliminar se debió definir si afrontará o no juicio oral y público el legislador Núñez, quien es candidato a diputado suplente de su hermano, el también cuestionado asesor del presidente Horacio Cartes, Basilio Núñez.
En aquella ocasión, la audiencia fue suspendida porque uno de los acusados, el exgobernador interino Emigdio “Milo” Benítez, recusó al fiscal de la causa, Martín Cabrera, por supuesta “imparcialidad”, una artimaña muy utilizada para evadir o posponer los procesos.
De acuerdo con la acusación del fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera, durante la gestión de Óscar Núñez fueron desviados fondos públicos por G. 30.000 millones mediante la expedición de 900 cheques que fueron cobrados en el Banco Nacional de Fomento y que hasta la fecha no cuentan con documentos respaldatorios. Es uno de los casos de supuesta corrupción más graves en que ni siquiera se consigue una simple audiencia preliminar.
Involucrados
Otras 40 personas se encuentran envueltas en el presunto ilícito, entre ellas el actual candidato a gobernador por ANR, el cartista Rubén Roussillón Blaires, del grupo de Basilio Núñez, otros funcionarios de la Gobernación de ese entonces y parientes del legislador. Estuvieron procesados penalmente, pero se allanaron a salidas alternativas mediante la aceptación de los cargos. Muchos de los involucrados cobraron los cheques de la Gobernación y luego entregaron los montos al propio Núñez, según las pesquisas y testimonios.
El modus operandi fue demasiado burdo porque no existe un solo documento que justifique el destino de los G. 30.000 millones cobrados en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
El diputado Óscar Núñez soporta otras dos causas por lesión de confianza, las cuales también chicanea. Una tiene que ver con el desvío de G. 905 millones, que eran para ayudar a comunidades indígenas por las inundaciones, y otra en que el daño fue de G. 1.050 millones del programa “Una computadora por niño”, pero ni una sola computadora fue entregada.