Fiscales ratifican que evidencias obligaron a presentar la imputación contra Blanco

La fiscalía Anticorrupción se ratificó ayer en que hay evidencias que por ley obligaron a imputar al ministro de la Corte Suprema Sindulfo Blanco y al exintegrante del máximo tribunal Víctor Núñez por el delito de prevaricato.

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Como una “coincidencia” calificó el fiscal adjunto anticorrupción Espinoza, el hecho de que la imputación contra el ministro Blanco haya sido presentada en momentos que está en curso el juicio político en la Cámara de Senadores.

Esa interpretación “forma parte de especulaciones”, respondió Federico Espinoza, cuando se le preguntó qué busca o pretende la Fiscalía con una imputación que se presenta justamente en los días en que se tramita el proceso político.

“El Ministerio Público nada tiene que ver con el juicio político y no busca ni pretende influir en los votos de los congresistas, quienes mañana tendrían que tomar una decisión al respecto”, añadió el agente fiscal sobre la presentación hecha justamente ahora, tres años después de haberse iniciado el caso.

“Somos un organismo técnico, no tenemos interés político”, insistió el número dos de la Fiscalía General del Estado durante la rueda de prensa ofrecida ayer en la sede la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público.

Espinoza ofreció la conferencia de prensa junto con los fiscales José dos Santos y René Fernández, firmantes de la imputación contra Blanco, quienes hablaron sobre la historia del caso que involucra al ministro y al exministro Núñez.

“Es importante aclarar que en todos los casos en los que interviene la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, las causas son complejas y en consecuencia lleva tiempo investigarlas. Precisamente, este hecho hemos venido indagando desde hace aproximadamente un año y ahora consideramos que es el momento oportuno de formular imputación, teniendo en cuenta los elementos colectados en la etapa investigativa”, declaró Espinoza.

Siguió diciendo que el Ministerio Público está obligado a “obtener elementos probatorios suficientes; formular imputación, no importa el momento, lo importante es que cumplamos con nuestro rol constitucional que es el de investigar el delito y llevarlo a los estrados judiciales”.

“No tenemos ningún vínculo e interés en el juicio político; porque eso es competencia de otro órgano del Estado, pues así funciona un Estado Republicano”, añadió Espinoza.

En diciembre del 2014, Sindulfo Blanco y el entonces ministro Víctor Núñez cometieron el delito de prevaricato, como integrantes de Sala Penal de la Corte Suprema, al admitir en forma ilegal un recurso de casación presentado ante la máxima instancia judicial, según la imputación.

A pesar de que la ley lo prohíbe, Blanco y Núñez admitieron el recurso de casación contra una la resolución de segunda instancia que no puso fin al proceso sino ordenó la realización de un nuevo juicio oral, dijeron los fiscales que firmaron la imputación.

La investigación se abrió ante la denuncia presentada por Peter Kennedy, quien acusó a Blanco y a Núñez de admitir ilegalmente un recurso de casación, en contra de una sentencia de segunda instancia por la cual anuló un juicio oral en donde fue condenado por apropiación.

Hablan de un juicio justo

Tras insistir en que la imputación no tiene ningún interés ni trasfondo político, los fiscales Espinoza, Dos Santos y Fernández coincidieron en afirmar que el deber y la misión de ellos es cumplir con la ley y solicitar sanción para quienes la transgredan.

Aseguraron que en este caso buscan el sometimiento de los imputados a los mandatos del juez, en el marco de un juicio justo y del debido proceso.

Señalaron que ahora esperan las decisiones que debe tomar en el caso el juez de Garantías Gustavo Amarilla Arnica.

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