Por orden de la fiscala Cabrera, un equipo de funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción está desde ayer en la referida universidad, debido a denuncias de supuestas irregularidades en la institución.
Los funcionarios realizarán un relevamiento de datos, además de tomar declaración testifical a los denunciantes.
Al mismo tiempo, la fiscalía aguardará el reporte de examen especial requerido a la Contraloría General de la República, respecto a la lista de personal contratado y permanente, planillas de salarios y asistencia de los funcionarios a sus lugares de trabajo, como también los currículums correspondientes.
La Universidad de Pilar está plenamente identificada con el legislador liberal.
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En los primeros días de octubre pasado, la senadora colorada Blanca Ovelar hizo una denuncia pública que generó roces entre la ANR y el PLRA.
Manifestó que Ríos –aparte de su salario como diputado– percibe mensualmente G. 32.259.600 en su cargo docente, distribuido en siete rubros, a saber: G. 7.623.000 como rector; G. 7.623.000 en concepto de bonificación; G. 9.240.000 como investigador; G. 7.773.600 por cuatro rubros de profesor, según el cuadro que exhibió durante una sesión de la Cámara Alta.
Mientras que el diputado del Partido Encuentro Nacional Hugo Rubín dijo que trabajó como docente e investigador en la Universidad de Pilar, pero que renunció a principios de 2011.
Explicó que tuvo que realizar una denuncia ante la fiscalía debido a que se enteró de que alguien siguió cobrando a su nombre y el caso está en proceso de investigación.
Otro punto que es objeto de investigación por parte de las irregularidades denunciadas se cita el mal manejo de las extensiones universitarias.
Entre los beneficiarios aparecen periodistas de la zona de Ñeembucú.
También se le cuestiona al exministro de Educación Ríos que numerosos parientes suyos cobran sueldos del Estado.
Ríos confirmó esto a ABC, pero sostuvo que muchos de sus parientes son antiguos o llegaron por concurso antes de ser parlamentario.
