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Los fiscales Alfredo Báez Pedotti y Héctor Garay, de María Auxiliadora y Encarnación, respectivamente, pueden ser denunciados por supuesta comisión de hecho punible de persecución de inocentes, delito que se castiga con pena carcelaria.
Ambos agentes fiscales imputaron a Vilmar, Joel e Irene Eisen por el presunto delito de lavado de dinero; la denuncia había sido presentada por Luis Aníbal Schupp y Juan Eudes Afara.
El acta de imputación Nº 47 fue presentada el 20 de octubre de 2014. Los fiscales ordenaron a la Policía Nacional la aprehensión de la familia, medida que se cumplió el 23 de octubre.
El proceso está a cargo del juez penal de María Auxiliadora, Hugo Centurión.
En este momento tienen medidas alternativas a la prisión: no pueden salir del país, deben firmar un libro de asistencia el 5 de cada mes, se dispuso la anotación de la litis por un inmueble de 1.742 hectáreas, se prohibió contratar e innovar en el establecimiento de su propiedad, fianza personal de los abogados Arnaldo Gaona y Mario Ramírez así como fianza real de 900 millones de guaraníes.
En abril vence el plazo de seis meses solicitado por el Ministerio Público para llevar adelante la investigación sobre presunto lavado de dinero; la causa puede ser elevada a juicio oral y público.
Toda esta situación es resultado de la denuncia de lavado de dinero presentada por Luis Aníbal Schupp y Juan Eudes Afara.
Persecución de inocentes
La familia Eisen no cometió el delito de lavado de dinero y lo grave es que los fiscales Alfredo Báez Pedotti y Héctor Garay saben que la imputación es falsa.
El acta de imputación contra los Eisen fue presentado el 20 de octubre de 2014 y la detención tuvo lugar el 23 de octubre.
El 19 de setiembre de 2014, un mes antes de la imputación, los agentes del Ministerio Público recibieron un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que confirma que los Eisen no tenían responsabilidad en el supuesto delito.
La nota expresa: “En fecha 19 de setiembre de 2014, la Seprelad ha remitido a su Unidad fiscal el informe de inteligencia referenciado como VIDE2126220814UIF por nota 437/14 en el cual se establecen las conclusiones arrimadas del análisis financiero donde ya fue señalado que no se han observado movimientos financieros de relevancia” (negritas son nuestras).
Un mes antes de la imputación, los fiscales Alfredo Báez Pedotti y Héctor Garay tenían un documento oficial con la constancia de que no existían “movimientos financieros de relevancia”; así y todo ordenaron la detención de toda la familia sin que existiera ningún indicio de responsabilidad.
No es el único informe
El 20 de febrero de 2015, la Seprelad remitió otra nota, Nº 256/15, dirigida de nuevo al fiscal Báez Pedotti que expresa lo siguiente: “De los documentos remitidos... surge que los mismos suscribieron un contrato privado de compraventa de inmueble, en el cual se ha convenido la venta de una propiedad cuyo pago se encuentra sujeto a condición, no produciéndose movimiento financiero alguno, por lo cual esta secretaría de Estado no podría realizar un análisis financiero, en antecedentes y/o documentación donde no se ha realizado operación financiera alguna” (negritas son nuestras).
La familia Eisen compró el inmueble de 1.742 hectáreas en el distrito de Mayor Otaño, Itapúa, por 10 millones de dólares pagaderos en cuotas iguales a lo largo de 10 años.
El contrato de compraventa establecido entre Joel Eisen, ciudadano paraguayo, y Karl Anton Haussler, ciudadano alemán, establece el pago en cuotas.
La Seprelad dejó en claro al Ministerio Público que no se puede llevar a cabo un análisis financiero “donde no se ha realizado operación financiera alguna”.
¿Qué hacen el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y el fiscal adjunto, Edward Irala Rivas?
Sólo el silencio responde esta pregunta.
roque@abc.com.py