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“Nuestra decisión política e institucional es la de revisar todas y cada una de la investigaciones que está realizando el Ministerio Público. Pero no todas las situaciones que se ven son objetos de investigación, por eso el compromiso, y esto es importante, de una revisión profunda, de una revisión profunda de todos los componentes de las instituciones y de las actuaciones de las instituciones en lo que hace al tema del narcotráfico, entiéndase el Misterio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Senad y los propios parlamentarios”, aseguró Díaz Verón.
Explicó que la lucha contra el narcotráfico es una cuestión delicada. Un negocio y acto criminal que no solamente afecta a autoridades y a personas del sector civil sino que corrompe las propias estructuras del Estado. “Por eso la decisión del Estado paraguayo debe ser implacable en la lucha contra el narcotráfico, porque queremos evitar como autoridades y como ciudadanos paraguayos, que nuestro país el día de mañana experimente las consecuencias que han experimentado otros países. De ahí la decisión política, la decisión de las autoridades de la República de una tolerancia cero en relación con el narcotráfico, a la narcopolítica y todo lo que pueda derivar de este crimen organizado”.
Aseguró que el compromiso de las autoridades “no termina con esta reunión, sino hay pasos fundamentales a seguir porque definitivamente lo que se quiere evitar es que Paraguay sufra las consecuencias de este flagelo”.
Incautar bienes es fundamental
Por otro lado, el fiscal general destacó la importancia de tener cuanto antes una ley para disponer de los bienes incautados a los narcotraficantes de manera de afectar su capacidad económica. “Entendemos que lo principal de lo conversado y que afecta inclusive al trabajo del Ministerio Público, la posibilidad de que los bienes que sean incautados del narcotráfico inmediatamente pasen a la administración del Estado paraguayo. Creemos que es una forma de luchar frontalmente y generar un grave daño a los bienes económicos del narcotráfico”.