El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, rechazó ayer la denuncia de que empresas constructoras nacionales sean excluidas de las obras públicas como denunció en un comunicado la Cámara Vial del Paraguay (Cavialpa).
Explicó que se hizo el llamado a licitación internacional para la Ruta VIII, que permita la participación de empresas nacionales y extranjeras, para mejorar la calidad y los precios de las obras. “Nosotros tenemos en este Gobierno un programa de inversión en infraestructura sumamente agresivo que responde a una situación clara, a todo el mundo le resulta claro que el Paraguay tiene un atraso histórico en las inversiones de infraestructuras. Tiene una de las obras públicas de peor calidad que existe en el mundo, según el Foro Económico Mundial, y en respuesta a eso estamos buscando maneras de promover, ampliar la oferta con el fin de mejorar los precios y mejor la calidad”.
Explicó que las empresas nacionales si no pueden llegar a las exigencias pueden consorciarse y cumplir con los requerimientos. “Nosotros estamos buscando darle mayor competencia, mayor transparencia a la gestión de obras públicas, el Paraguay no puede estar limitado, la inversión de infraestructura del Paraguay no puede estar limitada a lo que 6 o 7 empresas agremiadas en Cavialpa puedan hacer”, remarcó.
Pagos indebidos
El ministro dijo también que las empresas viales dejaron entrever que pagaban coimas. “Nos han informado que les costaba dinero cobrar sus certificados de obras, que habían costos que ocurrían en el Ministerio en años pasados, siempre ocurrió, que ha cambiado, estamos estableciendo nuevas reglas de juegos, claras, transparentes, con el fin de trabajar en forma profesional”, dijo
Admiten mala calidad de trabajo
En su comunicado, la Cámara Vial del Paraguay reconoce que las obras que realizan las empresas asociadas son de mala calidad.
Sostienen que el Gobierno exige calidad “sin tener en cuenta que en nuestro país se siguen construyendo obras que se definen por su precio y no por su calidad o durabilidad”.
Acto seguido responsabiliza a las autoridades: “Seremos recurrentes al afirmar que se construye lo que se contrata, por definiciones que el Estado realiza bajo su única y absoluta responsabilidad y discrecionalidad. Sin embargo, la calidad y durabilidad resultan siempre reprochadas y transferidas al sector de la construcción...”.