Ibáñez dice ahora ser “inocente” ante rechazo de fiscales a su oferta

A dos días de su admisión de responsabilidad, el diputado José María Ibáñez cambió de discurso ayer en la Corte y manifestó que “nunca se declaró culpable”. Fue luego de que la Fiscalía rechazara su pedido de “suspensión del proceso” a cambio de donar G. 200 millones. Con una nueva chicana, la audiencia fue suspendida hasta noviembre.

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“Hice algunos reconocimientos como ciudadano y ser humano. Pero en ningún momento me referí a asumir la culpa”, fue lo que manifestó ayer el diputado José María Ibáñez, quien el lunes último admitía públicamente los cargos en su contra.

“Reconocer errores no significa asumir la culpa de ningún delito, por lo tanto es importante que quede bien claro”, fueron sus escuetas palabras.

Sus contradictorias declaraciones fueron realizadas en la víspera tras la suspensión de la audiencia previa al juicio oral y público en su contra por fraude, cobro indebido y falsificación. En esta causa están imputados el legislador; su esposa Lorena Plabst y su jefa de gabinete, María Liz Gutiérrez, entre otros.

Su cambio de discurso se dio luego de que la fiscala de la causa, Victoria Acuña, adelantase que el Ministerio Público rechazará la propuesta de suspender el proceso a cambio de admitir la culpa y donar G. 200 millones a hospitales. La agente de la Fiscalía remarcó que cuentan con suficientes pruebas y que el juicio oral será incluso una garantía para todos los acusados.

Chicana a audiencia

Pese a las contradicciones del parlamentario y la ratificación de la Fiscalía, la audiencia entre las partes fue suspendida ayer por resolución del juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández.

El magistrado dijo que la próxima convocatoria se realizará el 12 de noviembre. Explicó que el pedido de suspensión fue consensuado y presentado por la jefa de gabinete de Ibáñez, María Liz Gutiérrez, debido a problemas de salud. Esta última también se encuentra imputada.

Ibáñez y sus cómplices están imputados por pagar a los empleados particulares de su quinta con dinero público. Los hizo nombrar como funcionarios del Congreso y, además, se quedaba con parte de sus salarios.

Una vez descubierto el caso, el legislador falsificó planillas de asistencia de funcionarios de la Cámara de Diputados para intentar encubrir el tráfico de influencias.

Actualmente, grupos ciudadanos organizados en las redes sociales de internet exigen su renuncia y destitución mientras que sus colegas adoptan un espíritu corporativo para defenderlo.

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