Los abogados José Fernández Zacur y José Ignacio González Macchi representan al legislador colorado en el caso de “contratación” de tres “caseros” como funcionarios de Diputados.
Los profesionales plantearon tres incidentes al juez penal Miguel Tadeo Fernández, y de esta forma quedó trabada la audiencia de imposición de medidas que debía realizarse el próximo jueves 10 de abril, a las 8:00.
Ibáñez recurrió la providencia por la cual se aceptó el acta de imputación por cobro indebido de honorarios, estafa y expedición de certificado sobre mérito y servicio de contenido falso.
La reposición de la providencia de aceptación del acta de imputación es con apelación en subsidio, por lo que el expediente deberá ser remitido a la Cámara de Apelaciones si se rechaza el incidente.
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También, apeló la resolución del anterior juez, Rubén Riquelme, que solicitó a la Cámara Baja el desafuero, supuestamente porque este solo tenía atribuciones para “comunicar” del proceso abierto.
A su vez, recurrió el allanamiento y la incautación de documentos de Diputados, ya que “fue realizada sin autorización judicial”, alega.
Fernández Zacur negó que la defensa pretenda trabar el caso, e indicó que solamente “ quiere regularizar el cauce del proceso”.
Ibáñez, su esposa Lorena Plabst, entre otros, soportan imputación por el descarado pago de sueldos a sus empleados particulares, con dinero del Estado.