Además impuso como reglas de conducta a los procesados la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio y la comparecencia en forma mensual ante el juzgado.
La fiscala Victoria Acuña imputó al expresidente Sarubbi y a otros 40 funcionarios por lesión de confianza por un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 17.000 millones que se produjo entre los años 2015 y 2016.
Según la imputación se hacían las rendiciones de los fondos y se adjuntaban copias de facturas de proveedores, comprobantes de retención y recibos de pago a los proveedores, pero no las actas de entrega de los productos y prestación de servicios, por ello el destino del millonario monto nunca se supo.