El juicio que presentaron los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera es de practicamiento de diligencias preparatorias para una demanda de indemnización de daños y perjuicios.
El pedido cayó en el juzgado Civil y Comercial N° 7 a cargo de Hugo Bécker, pero este se inhibió porque alega amistad con el abogado Víctor Rodríguez Ullón, quien se encuentra imputado por el caso quema del Congreso Nacional, y también porque supuestamente ya sentó su postura con varios abogados sobre el homicidio de Rodrigo Quintana.
Ayer, el expediente pasó al juzgado N° 7, cuyo titular es el magistrado Walter Mendoza, quien se apartaría del abogado Santiago Lovera, con quien tiene causales.
Finalmente, el juicio quedaría en manos de la jueza Mafalda Cámeron, del noveno turno.
Intimación
La magistrada Cámeron deberá resolver un pedido de intimación por el plazo de 24 horas a las empresas de telefonías celulares Telecel SA o Tigo Paraguay, Núcleo SA o Personal Paraguay, Claro Paraguay y Vox Paraguay.
El PLRA pretende que esas compañías remitan los registros de 21 celulares, de llamadas entrantes y salientes entre 31 de marzo y 1 de abril de este año, además de las ubicaciones de sus celdas.
Las líneas telefónicas pertenecen al presidente de la República, Horacio Cartes; a los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, además del exministro del Interior Tadeo Rojas; del actual ministro, Lorenzo Lezcano; y de los allegados al presidente, el empresario tabacalero José Ortiz, el abogado de Yacyretá Luis Canillas y Arnaldo Franco, secretario privado de la Presidencia.
Según la demanda promovida por el Partido Liberal, estas personas estuvieron en contacto con el entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, horas antes de la violación de las instalaciones del Partido Liberal Radical Auténtico, en fechas 31 de marzo y 1 de abril de 2017 y probablemente fueron los verdaderos responsables de la orden del atraco. “Este atropello indudablemente se gestó por orden de personas influyentes del Gobierno, quienes estuvieron en contacto permanente en los momentos previos al ataque, como así también en forma posterior”, se desprende de la demanda de diligencias preparatorias.
Contra reloj
El pedido se realiza contra reloj, debido a que el domingo 1 de octubre se cumple el plazo de seis meses de resguardo de los registros, que es una práctica forense porque las operadoras telefónicas comunican a la Justicia que solo pueden almacenar hasta seis meses los registros de llamadas entrantes y salientes.