Imputados y candidatos con emisoras

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En Carapeguá, la mayoría de las radios también se encuentran en manos de políticos como “Panamericana FM” la cual pertenecería al parlasuriano Herminio Cáceres (ANR disidente).

“Carapeguá FM” con la frecuencia 90.5 es propiedad del exintendente colorado local Leongino Cabello.

En la misma ciudad, funciona “Diferente FM”, de manera aparentemente ilegal, bajo la dirección de Carlos Oviedo, un activista colorado; sin embargo, esta emisora realmente pertenecería a Arístides González, extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Este último, en el 2007, fue condenado por la justicia a pagar una multa de US$ 50.000, tras haber sido investigado por una sobrefacturación en la compra de alimentos para la merienda escolar, el caso conocido como “galleta de oro”.

En Ybycuí, “Radio Comunitaria Ybycuí FM 103.3” de la familia del diputado Tomás Fidelino Rivas (ANR cartista), más conocido como Éver Rivas. El mismo se postula para ser reelecto diputado por Paraguarí.

“La Rosada FM 90.1” opera “sin licencia”, y como representante legal de la emisora aparece José López, hermano de Emérito Recalde, quien ejerce como vicepresidente de la seccional de esta ciudad, respondiendo al movimiento Honor Colorado 

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En La Colmena, “Colonia FM” pertenece al dirigente colorado oficialista Eliseo Florentín.

Según versiones, Conatel solamente persigue a aquellos que no se “alinean”. Además de las tandas comerciales, en época electoral, otorgan en su mayoría prolongados espacios a las fórmulas oficialistas para que realicen proselitismo.

En Quiindy funciona la radio comunitaria “CEM FM 89.9”, pero representa una competencia desleal a las radios comerciales legalmente constituidas, porque actúan como comerciales, pasan avisos, cobran tarifas bajísimas, imposibles de competir, según la versión de uno de los afectados por dicha situación. La radio pertenece al diputado Clemente Barrios (ANR cartista) y a sus hermanos aduaneros Édgar y Marcos Barrios.

En Mbuyapey, la “Radio Mburucuyá Poty FM 97.3” pertenece al exintendente Alejo Fretes Prieto (PLRA). El mismo fue imputado por lesión de confianza, por el supuesto faltante de más de G. 3.500 millones, de Fonacide y de royalties durante su administración (2010-2015). Estuvo ocho meses prófugo hasta febrero de este año.