políticos

La estatal Petropar, cuyo titular es Denis Lichi, adjudicó la licitación para el servicio de instalación de cartelería en las estaciones de servicio de la estatal, que también beneficiará a los servicentros de políticos con el sello del emblema. Esta contratación le costará G. 10.000 millones a la empresa pública y la DNCP inició una investigación tras una denuncia de irregularidades.

La ciudadanía adepta a la rectitud de conducta, a la honestidad y a los preceptos legales que rigen en nuestra nación, no podría sentirse de otra forma que no sea de satisfacción o euforia, por el hecho de que un gobierno extranjero, ante la falta de intervención de los organismos pertinentes en el país, investigue o catalogue a algunos de los sujetos considerados –por un cúmulo de circunstancias– pesos pesados de la delincuencia de guantes blancos, que suelen aprovecharse del Estado y de sus fondos para sus fines personales o grupales y para aumentar su poder “político” y económico.

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la mayor entidad empresarial del país, emitió un oportuno comunicado llamando a fortalecer la institucionalidad como paso necesario para la reactivación económica, en medio de las bochornosas designaciones por corrupción por parte de los Estados Unidos. Lo que señala no es nada más y nada menos que una invitación a que las instituciones cumplan su papel democrático con seriedad, honestidad y responsabilidad para dar tranquilidad y previsibilidad al sector privado, para que este, a su vez, se ocupe de crear oportunidades, empleos y prosperidad para la población.

Según una definición, “normal” es aquello que se ajusta a una norma. Y “norma” es la regla a la que deben ceñirse naturalmente las conductas con relación al bien. En nuestra política lo “normal” se ha desnaturalizado por aberraciones como, por ejemplo, proponer para embajador a un individuo que exhibe angustiantes limitaciones intelectuales que inhiben una eventual dignidad de “diplomático”.

Es de pública notoriedad que los políticos procesados por el delito de lesión de confianza suelen interponer reiteradas chicanas para resultar absueltos por el mero paso del tiempo, sin que se llegue a dictar sentencia alguna: abusan del derecho a la defensa, sabiendo que serían condenados si los juicios se desarrollaran con normalidad. Sabiéndose culpables, su “buen nombre y honor” les importan un bledo; lo que les interesa es librarse no solo de la responsabilidad penal emergente del hecho punible cometido, sino también de la obligación de reparar el daño causado.