2 de junio de 2026
A nadie debería importar que una persona, encerrada en su domicilio, beba alcohol hasta reventar. Es su vida privada y debe ser respetada. Ahora bien, esta protección a la privacidad caduca cuando los actos de esa persona alcohólica trascienden su hogar e influyen en la política, por ejemplo.
La Constitución es el cimiento de un Estado republicano habida cuenta que establece principios como el del equilibrio y separación de funciones así como el mutuo control de los poderes –frenos y contrapesos–. Es la herramienta que tanto las autoridades como los ciudadanos estamos obligados a respetar para construir un mejor país. Ningún acto puede ir en contra de lo que establece la Constitución.
La situación de la educación pública en el departamento de San Pedro se asemeja a una barca sin timón, zarandeada por la improvisación, la desidia estatal y la manipulación política de cada gobierno de turno. “Ijetu’u, ha oñeñandu la pueblo hañoite”, expresan con dolor padres y docentes que deben enfrentarse, año tras año, a la misma precariedad.

De entre los 63 imputados en el caso “mafia de los pgarés”, hay algunos que están estrechamente ligados a políticos, también a ex ministros y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esta causa penal la Fiscalía indaga una presunta estructura integrada por jueces, actuarios, ujieres y abogados, para promover juicios con documentos presuntamente falsos.

El abogado Jorge Rolón Luna recordó que la relación entre agentes públicos, políticos y las drogas, es algo que se arrastra desde los años 60 y que tuvo al expresidente Andrés Rodríguez como uno de los casos más emblemáticos. Sostuvo que para quebrar esta relación debe aparecer una nueva camada de dirigentes políticos, remarcando que en la ANR hay demasiada tolerancia con personas relacionadas al narcotráfico, el cual sirve como recaudador para las campañas políticas.
Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.