La primera, con el argumento de que el río es ámbito de la Policía Fluvial, por lo tanto se encuentra fuera de su jurisdicción.
La Prefectura General Naval, por su parte, se limita a decir que hay un problema administrativo porque la Secretaría del Ambiente concedió una canchada y no corresponde a la Policía Fluvial involucrarse.
El tema es que existe un recurso de amparo vigente cuyo cumplimiento es obligatorio. Una resolución administrativa no es suficiente para violar un mandamiento judicial como lo están haciendo en este momento los marinos.
El resultado de esta maraña es la anarquía y el fortalecimiento de grupos delictivos que operan en torno al tráfico fluvial.
Es muy probable que las autoridades responsables de velar por la seguridad también se vean beneficiadas con el dinero que se obtiene a través del chantaje. El resultado es inseguridad y delincuencia.