El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) envió un comunicado en que expresa “con respecto a la serie de publicaciones del diario ABC Color, sobre irregularidades en la colonia Santa Lucía, ubicada en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, aclaró que el Indert nunca se dejó manipular por dirigentes de los colonos”.
Agrega que “con referencia a la nota de ayer, la publicación señala una cosa y el contenido denuncia una situación diferente”.
Así también dice que “comparte parcialmente la información pero es errónea, en el sentido de que el Indert no se ha prestado en ningún caso a esa presión o manipulación que ejercen algunos especuladores. Hasta el momento, hemos entregado 389 certificados de ocupación a familias que viven, residen, tienen arraigo y trabajan esas tierras.
El presidente del ente rural sostuvo que “debo ser lo suficientemente sincero, honesto y aceptar que esto es así: siempre va a existir en una colonia un grupo que ingresa para especular con la tierra. Es una práctica desde hace 70 años. Es lo que siempre se dio, especular con la tierra pública, vender los derechos”.
Recordó que “en el año 2012 se aprobó una ley que castiga penalmente a la gente que vende, compra y al escribano que forma parte de la transacción. Se han tomado cientos de medidas que han tratado de evitar esta situación; pero no obstante, tenemos que entrar en un proceso de rectificación que no va a ser corto, pero que estamos iniciando con absoluta seriedad y responsabilidad”.
Tierras para producir
No obstante, dijo que “justamente eso es lo que tenemos que cortar. No va a ser fácil. No se va a lograr en corto tiempo. Pero era tiempo de que alguna administración o gobierno inicie ese proceso, y creo que nosotros lo estamos haciendo. Va a ser un camino largo de por lo menos varias décadas, pero nosotros estamos iniciando ese proceso”.
Con respecto a las tierras que deberían ser para los pequeños productores y que están en manos de empresarios y comerciantes de Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, dijo que “es gravísimo, porque distorsiona la función, el sentido y el objeto de la reforma. Las tierras públicas deben inexorablemente cumplir una sola función: estar al servicio de las familias que no tienen la posibilidad de acceso a unas tierras donde trabajar”.
Asimismo, Cárdenas mencionó que “según establece el Estatuto Agrario, las personas tienen que vivir y trabajar directamente en esas tierras. Si no se cumple esa condición, no se logra el objetivo de la reforma agraria. Y a raíz de ese artículo que establece el arraigo como condición fundamental para ser beneficiario, es que hemos recuperando como nunca antes, este año, 8.200 hectáreas a favor del Estado paraguayo, que va a disponer que esas tierras cumplan su función social”, dijo.