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Inician estudio del paquete antilavado

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

Ante la falta de consenso entre los tres poderes del Estado, la Cámara de Senadores iniciará hoy en sesión ordinaria, convocada para las 09:00, un estudio “gradual” del polémico paquete de proyectos de leyes para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Se trata de una receta de organismos internacionales que amenazan al Paraguay con ubicar en la “lista gris” de países no cooperantes pasibles de sanciones económicas.

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De los 12 proyectos, hoy se analizarán solo dos que tienen mayor “aceptación”. En el quinto punto del orden del día el pleno tiene previsto analizar la creación de Juzgados Penales de Garantías, Ejecución Penal, Tribunales de Sentencia y Tribunales de Apelación Penal. Estos centralizarán los casos de lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, financiamiento del terrorismo, corrupción y crimen organizado.

En el sexto punto del orden del día figura el estudio de la modificación del artículo 46 de la Ley N° 5876/2017 “De Administración de Bienes Incautados y Comisados”.

La ley vigente distribuye los bienes considerados comisados, tras una sentencia firme, entre numerosas instituciones. El objetivo de la modificación es incluir en el reparto un 10% para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Se teme persecución

El paquete de proyectos surge de 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), órgano que juzgará al Paraguay desde diciembre de este año. Nuestro país ya estuvo en la Lista Gris de 2008 a 2012.

Las propuestas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo en una cumbre de poderes, pero realmente no tenían el consenso del Poder Judicial ni del Legislativo.

Senadores opositores sostienen que el plan es introducir leyes “liberticidas”, que eliminen la “presunción de la inocencia” y que den pie a “persecuciones políticas”. Empresarios, a su turno, rechazan enfáticamente el proyecto de eliminar la “prejudicialidad”, incluido dentro del referido paquete de proyectos.

Dicha norma vigente impide a la Fiscalía investigar una evasión de impuestos sin dictámenes del Ministerio Hacienda ratificados por la Corte.

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