La mayor sangría se registró en el año 1993 cuando estalló la crisis bancaria y los jubilados perdieron US$ 600 millones porque no se tenía un marco regulatorio de las previsionales, explicó el senador Abdo Benítez (ANR).

Por su parte, el senador Velázquez (ANR) recordó que hacia 1995 el ente previsional volvió a perder US$ 270 millones, monto que se utilizó para “salvar” a los bancos en quiebra sin ninguna garantía real.

A estas cifras se deben agregar otros US$ 28 millones que no logró recuperar el IPS de un préstamo total de US$ 46 millones otorgados durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-98) a 17 empresas privadas. De este monto, solo devolvieron 18 millones.

El senador Abdo Benítez argumentó que el Congreso debe trabajar en un marco regulatorio para proteger el dinero de los jubilados y de los aportantes de las distintas cajas previsionales. De lo contrario, seguirán perdiendo dinero con el serio riesgo que eso implica, añadió.

Dijo que los proyectistas de la derogación total de la Ley N° 5074 no se percataron que si se derogaba esta disposición, dejaba vigente la Ley N° 1302/98, que sí permite el uso de los fondos previsionales para obras públicas.

Indicó que por ese motivo defendió la supresión de los dos artículos cuestionados de la Ley N° 5074 y se opuso a la derogación total. Agregó que ahora no hay ninguna ley vigente que autorice al Ejecutivo a utilizar esos fondos previsionales para obras públicas.

Dijo que personalmente cree que el Ejecutivo debe utilizar los fondos siempre y cuando exista una garantía de retorno y no como ocurrió en el pasado.