La fiscala Nadine Portillo solicitó al magistrado medidas alternativas a la prisión preventiva como caución real acorde (inmuebles que demuestren arraigo), prohibición de salir del país sin autorización judicial y obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma de los registros pertinentes.
En el caso de Valencia se tiene conocimiento de que abandonó el país a finales del año pasado. Existen indicios de que siguió cobrando por todo el mes de diciembre de 2015, pese a que renunció el 1 de diciembre.
Su situación procesal será una incógnita y no se sabe con certeza que se someterá a la justicia de nuestro país.
No obstante, la fiscala Portillo indicó que el mismo puede ser declarado rebelde si no se presenta. Además, pueden librarse órdenes de captura nacional e internacional. Sin embargo, es sabido que la justicia española no extradita a sus conciudadanos.
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Valencia fue contratado como asesor político del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, en 2012.
El mismo fue nombrado el 10 de setiembre, pero arribó al país recién el 21 del mismo mes, por lo que fue contratado antes de siquiera pisar Paraguay. Fue comisionado en el 2013 a la Cámara de Diputados, pero, según fuentes confiables, nunca cumplió horario laboral y se presentaba solo para firmar panillas de asistencias, que luego eran certificadas por Karina Rodríguez. Es por esto que se pidió informes a una telefonía celular para ubicar su aparato celular.