El hecho salpicó a Diego Candia, cuñado del entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta.
La fiscala Sandra Quiñónez, quien está a cargo de la investigación del atentado de Pablo Medina, junto a su colega Lorenzo Lezcano, pidió información sobre este operativo al comandante de la Policía Francisco Alvarenga.
“Remitir copias autenticadas del acta de procedimiento policial y del parte policial del procedimiento llevado a cabo en Curuguaty, en el retén policial a mediados del año 2013, ocasión en que fue retenido un vehículo de la Municipalidad de Ypejhú, que escoltaba presumiblemente un cargamento de marihuana, en una camioneta de la marca Toyota Hilux, sin placa, de color negro, que pertenecía a Diego Candia, cuñado del intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques”, dice el requerimiento de la fiscala Quiñónez.
Agrega: “Según informaciones, la camioneta que escoltaba la carga, en su huida, protagonizó un vuelco en que sufrió heridas el conductor”.
De este operativo poco se conoce y justamente Pablo Medina se había hecho eco de ello en su momento.
La nota de la fiscala Quiñónez va acompañada de otro pedido de informe y que tiene que ver con la guardia policial con la que ya no contaba el periodista en el momento del atentado, ocurrido el pasado 16 de octubre en Villa Ygatimí.
El requerimiento dirigido al jefe policial pide que se informe si “el Sr. Pablo Medina contaba con personal de custodio o seguridad; en caso afirmativo, desde qué fecha hasta qué fecha, remita el listado del personal policial asignado a dicha función con sus grados, motivos por el cual fueron desafectados del custodio de dicha persona, actualmente dónde prestan servicio con qué cargo o función”.
El jefe policial había referido en una reunión de prensa, en el Ministerio del Interior, que la custodia policial con que contaba el periodista Pablo Medina le fue retirada el 16 de setiembre de 2013, como una forma de tratar de reorganizar las fuerzas policiales, luego de asumir al cargo.
Los informes de ambos casos relacionados a Acosta Marques y al crimen de Medina, asesinado junto a Antonia Almada, con las copias autenticadas, deberán ser remitidos en el plazo de ocho días hábiles a la fiscalía, según el oficio.