El Laboratorio Forense tiene que actuar con celeridad, para ayudar a los fiscales a concluir la investigación y esclarecer los hechos. De ninguna manera se lo tiene que usar para dilatar los procesos.

En muchos casos, dicha dependencia del Ministerio Público sirve para “enfriar” las causas, sobre todo cuando los involucrados son personas con poder político o económico.

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, como responsable de la institución tiene la obligación de tomar medidas para agilizar las diligencias. 

En el caso Municipalidad-Ivesur, los ciudadanos tendrán que pagar US$ 3,6 millones, por una presunta negligencia u omisión de funcionarios que tenían la obligación de apelar el fallo del tribunal arbitral.

El 15 de marzo pasado, la fiscala Portillo se había constituido en la Municipalidad de Asunción. En dicha ocasión extrajo una copia del disco duro de la computadora que usaba García. 

A un poco más de dos meses, todavía no se informó si ya concluyó o no la pericia a cargo de los profesionales del Laboratorio Forense.

Cuando se peritó la firma de 23 funcionarios del Tribunal de Apelación Civil, Primera Sala, el trabajo fue rápido. Sin embargo, ahora la investigación avanza lento.