En la apelación de la resolución del juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández, que había desestimado una denuncia sobre el presunto origen ilegal de las barcazas, se argumenta, entre otras cosas, que los fiscales intervinientes desconocieron “indicios de otros hechos punibles”, como una pericia caligráfica que habló de falsificación de firmas. Se refiere a una pericia realizada en la misma fiscalía sobre la documentación producida en la Prefectura General Naval y que sirvió para sostener que las embarcaciones fueron fabricadas en astilleros locales y habilitadas para la navegación con bandera paraguaya.

Los fiscales que tuvieron participación en la causa fueron María de Fátima Britos Ricciardi, Guillermo Zillich Silva y Édgar Sánchez Caballero, cuyas actuaciones fueron avaladas por el fiscal adjunto Federico Espinosa, ahora nombrado jefe de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía.

El fiscal Sánchez Caballero respondió la apelación y pidió al Tribunal de Apelación que ratifique la resolución del juez Fernández. El Tribunal de Apelación, 4ta sala, que ahora deberá resolver la apelación, lo integran los magistrados Arnulfo Arias, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón.

Samuel Gutnisky sostiene que la firma Naveradi, de los hermanos Ramírez Dittrich, se apropió de nueve barcazas que le fueron arrendadas. Los paraguayos aseguran que las naves fueron devueltas. En el caso hay varios aspectos que la justicia aún debe investigar. La apelación de Gutnisky la firmaron los abogados Aldo Bacchetta Matteucci y Claudio Bacchetta Chiriani.