El incremento de los costos se debieron a la corrupción, los retrasos, la diferencia cambiaria, sobrefacturaciones, entre otros.

El documento refiere que la deuda de la binacional tuvo un incremento relevante a causa de la aplicación de una tarifa por debajo del costo de la central hidroeléctrica y la no contratación de potencia

La CEBH, que estuvo dirigida desde 2008 hasta el año pasado por el ingeniero Ricardo Canese, explicaba que el estudio de factibilidad de la central de 1973 establecía un costo de US$ 2.033 millones, incluyendo los intereses a ser acumulados durante la etapa de construcción.

Sin embargo, concluyó con un presupuesto de más de 1.000 por ciento sobre el original, con un incremento superior a los US$ 20.000 millones.

La inflación, además de la corrupción, las sobrefacturaciones, elevadas tasas de interés, diferencia cambiaria, capitalización de ajustes, la reducción de la tarifa por debajo del costo de la hidroeléctrica y la no contratación de potencia disponible, también influyeron en ello. Explica que “en 1997 la Itaipú convirtió la deuda no pagada a Eletrobrás, producto de repetidos resultados negativos por tarifa insuficiente y no contratación de potencia, en pasivo a largo plazo por US$ 4.193 millones”.

Recuerda que ese mismo año la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso paraguayo había declarado como ilegal la deuda y pedía enjuiciamiento de todos los directivos paraguayos de la entidad que la habían aceptado.

Denuncias no prosperaron

Todas las denuncias sobre las irregularidades en la entidad binacional no prosperaron –de acuerdo al informe– porque el Ejecutivo de nuestro país no planteó a su par brasileño alguna investigación al respecto.

Así mismo, el Poder Judicial se había negado a abrir una causa para investigar las irregularidades denunciadas.

“La Fiscalía General del Estado argumentó que los directivos, consejeros y funcionarios de la Binacional Itaipú (BI) no eran funcionarios públicos”, según el informe.

En 1985 la binacional comenzó a una tarifa provisoria de US$ 10 por kilowatts mes y posteriormente a un “escalón intermedio de US$ 14,75 kW/mes, que no se ajustaban a los principios establecidos en el Tratado. La misma Contraloría de la República, en un adelanto de informe había calificado a fines de 2010 de ilegal la aplicación de esta tarifa.